En manos del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se encuentra el futuro del Proyecto del Senado 827, para permitir que tenedores de hipotecas morosas y vendidas al mercado secundario tengan la posibilidad de recuperarlas en 30 días al valor de la reventa.
La pieza legislativa enmienda la Ley de Transacciones Comerciales en cuanto al retracto de crédito litigioso, para que el mecanismo mediante el cual un deudor puede saldar su deuda cuando tal crédito o cuenta en litigio es vendida a un tercero, incluya las hipotecas y que el trámite se pueda realizar en un periodo mayor a los 9 días establecidos al presente.
El autor del proyecto, el senador Carmelo Ríos, reconoció a EL VOCERO que la medida va dirigida, principalmente, a los consumidores de hipotecas “reverse”, en vista de la cantidad de casas bajo dicha modalidad que se están liquidando por cuantías mínimas de $18 mil a $20 mil.
“Lo que yo hice fue aplicar esto en esos casos donde están liquidando casas por deudas bajitas. Esto no va a funcionar con casas de $500 mil o $600 mil, pero en casas que deben $30 mil, $40 mil, $50 mil o hasta $70 mil es viable, y una persona puede recuperar su hogar, que posiblemente lo pagó por veintipico de años. Lo que yo planteo es que el retracto litigioso debe de rendir para todo el código civil y no solamente para el código civil en transacciones comerciales excluyendo la banca”, explicó Ríos.
“Estoy convencido de que si aprobamos esta ley vamos a cambiar la forma en que los bancos hacen negocios. Van a ser más proactivos en evadir ese segundo y tercer mercado que se ha creado, que no es para lo que están diseñados los financiamientos. Añádele, que en el banco normal también esas hipotecas están garantizadas, o sea, muchas de ellas están aseguradas y yo lo que planteo es darle una primera oportunidad a aquellos que tienen su casa y la pueden salvar, que razonablemente quieren de buena fe negociar, versus el que dice ‘no la puedo pagar, ejecútame’. Ese no está contemplado en la ley, por eso el proyecto dice que tiene que demostrar buena fe”, sostuvo el senador.
Recalcó que la medida va dirigida a aquellos que de buena fe han tratado de negociar y que el banco no estuvo disponible para hacerle una oferta y luego se la venden a un inversionista.
No empece a que la abogada y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau, avala el proyecto, esta entiende que es poco probable que el primer mandatario firme la medida legislativa.
“Mi preocupación mayor es que cuando esto llegue a Fortaleza, el gobernador tome el camino fácil y vete la medida al negarse a firmarla como ha hecho en otros momentos a favor de la banca. El gobernador ha asumido de manera constante una posición de alinearse con las instituciones financieras por entender que las mismas autorregulan su negocio, por lo que no hace falta la intervención gubernamental”, sostuvo Godreau.
“Ante el tema de crisis de vivienda, hace falta mecanismos que le permitan a los deudores, sin afectar los derechos de la banca, poder mantener sus casas”, agregó.
La licenciada resaltó que la medida aumenta el término de nueve días a 30 días, “cosa que es muy obvia, porque cuando se trata de dichos mecanismos, donde son inversores los que están comprando la deuda, encontrar esa información del inversor requiere muchos días y no es algo que en nueve días, se pueda completar el proceso”.
“A veces cuando la gente se entera de la existencia de este mecanismo, esos 9 días ya pasaron, así que esta ley les da 30 días a las personas para que una vez le llegue esa información, tengan la oportunidad de comprar esa deuda de nuevo y retener su hogar. Es decir, que en los procesos de ejecución de hipotecas puedan pedirle al tribunal información sobre la cesión de ese crédito, preguntarle por cuánto fue que se vendió y comprarle a ese cesionario o tercera persona por el mismo precio que pagó”, explicó.
Godreau mencionó, además, que en el retracto litigioso lo que la persona hace es que le compra a un tercero que adquiere la deuda y no se interfiere con los negocios de la banca. Lo que le preocupa es “¿por qué la banca estaría defendiendo los derechos o estaría saliendo en defensa de que esos cesionarios se mantengan con la casa en vez de mantenerla en manos de las familias puertorriqueñas que están a punto de perderlas?”, resaltó.
Por su lado, el presidente de la organización Consumer Defense Alliance de Puerto Rico, José Gierbolini, comentó que “lo que persigue el proyecto del Senado 827 es hacer justicia a los deudores que quieren pagar su hipoteca con el acreedor, el banco o la institución financiera que tiene la misma, pero que por alguna situación particular, como la que están enfrentando miles de ciudadanos en Puerto Rico, necesitan llegar a un arreglo con el banco para que precisamente puedan pagar la hipoteca”.